Según la UCA, hay 10 millones de personas con problemas de empleo
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre la evolución del mercado de trabajo desde 2010 afirmó que "más de 10 millones de personas sufren problemas de empleo", según figura en las conclusiones de los avances del documento. Además, alertó que la pobreza, producto de la inflación y la caída de la actividad económica, avanza sobre los trabajadores informales de sectores populares no marginales o clase media baja.
El estudio afirma que en el período 2010-15 "el empleo total se expandió un 8% pero se incrementó solo un 3% la cantidad de puestos de trabajo con empleo pleno de derechos, mientras disminuyó un 5% el número de empleos precarios y aumentaron un 80% los ocupados en subempleos inestables", según difundió el diario Clarín.
"La persistencia de un amplio sector micro-informal, compuesto de dueños y asalariados de pequeñas empresas, cuentapropistas no profesionales, trabajadores domésticos o familiares, en la estructura productiva constituye uno de los mayores inconvenientes en el mercado de trabajo por sus características de reducido nivel de productividad y retribuciones. En los últimos años este sector incrementó su incidencia. A fines de 2015, representaba el 53,9% de los trabajadores ocupados: 9,4 millones de personas", advirtió la UCA.
El informe señala que "la escasa creación de empleo genuino fue percibida por los trabajadores y se convirtió en preocupación ante la posible pérdida del empleo. Desde el año 2010, ocho de cada diez trabajadores ocupados consideran que si dejan o pierden su trabajo no conseguirán fácilmente uno mejor o similar al que poseen. Este porcentaje se incrementó, entre 2010 y 2015, de 81,2% a 84,5%".
Además, destaca que los empresarios pudieron "protegerse", mientras que retrocedieron los más pobres. La creación de empleo, según el informe, fue casi nulo en los últimos cinco años y hubo un incremento de la subocupación de la precariedad y la inseguridad laboral. Esta situación empeoró en 2016 ya que debido a la caída del poder adquisitivo se sumaron "nuevos pobres".
"Algunos actores sociales, en particular los empresarios empoderados pudieron, una vez más, protegerse frente a la incertidumbre. Entre otros abusos, aumentaron precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aun a pesar de la caída del consumo y la creciente recesión", sostiene.
Además, la UCA consideró que "los actores sindicales, sabiendo del riesgo estratégico que corren, han negociado salarios reales a la baja buscando cubrirse del espanto en materia de desempleo", para concluir que hay "demanda legítima de mayor protección al empleo".
Ayer, el director del Observatorio de la Deuda Social de esa universidad, Agustín Salvia, adelantó que en los próximos días se difundirá el documento que señala que el mayor riesgo de subocupación y empobrecimiento no lo están experimentando los segmentos formales de la economía sino los sectores informales.
"Nadie puede desconocer que los incrementos en los precios y las tarifas y la menor actividad interna están generando un aumento de la pobreza. Estos nuevos pobres son, en general, familias de trabajadores de sectores populares no marginales o clase media baja que no cuentan con sistemas de protección social", afirmó Salvia.
Asimismo, el documento de la UCA señala que "muy rápidamente pueden sumarse miles de nuevos pobres si el derrame o las medidas de protección social tardan más de lo previsto, resultan débiles o no llegan".
Salvia reconoció que "en materia laboral no hay evidencias todavía de una crisis ocupacional, al menos en sector formal. Sin embargo, sí está habiendo una caída en el nivel de actividad y en la demanda de consumo, lo cual afecta a pequeñas empresas, con muy poco colchón para resistir la situación, así como a los segmentos informales del mercado de trabajo"
"La persistencia de un amplio sector micro-informal, compuesto de dueños y asalariados de pequeñas empresas, cuentapropistas no profesionales, trabajadores domésticos o familiares, en la estructura productiva constituye uno de los mayores inconvenientes en el mercado de trabajo por sus características de reducido nivel de productividad y retribuciones. En los últimos años este sector incrementó su incidencia. A fines de 2015, representaba el 53,9% de los trabajadores ocupados: 9,4 millones de personas", advirtió la UCA.
El informe señala que "la escasa creación de empleo genuino fue percibida por los trabajadores y se convirtió en preocupación ante la posible pérdida del empleo. Desde el año 2010, ocho de cada diez trabajadores ocupados consideran que si dejan o pierden su trabajo no conseguirán fácilmente uno mejor o similar al que poseen. Este porcentaje se incrementó, entre 2010 y 2015, de 81,2% a 84,5%".
Además, destaca que los empresarios pudieron "protegerse", mientras que retrocedieron los más pobres. La creación de empleo, según el informe, fue casi nulo en los últimos cinco años y hubo un incremento de la subocupación de la precariedad y la inseguridad laboral. Esta situación empeoró en 2016 ya que debido a la caída del poder adquisitivo se sumaron "nuevos pobres".
"Algunos actores sociales, en particular los empresarios empoderados pudieron, una vez más, protegerse frente a la incertidumbre. Entre otros abusos, aumentaron precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aun a pesar de la caída del consumo y la creciente recesión", sostiene.
Además, la UCA consideró que "los actores sindicales, sabiendo del riesgo estratégico que corren, han negociado salarios reales a la baja buscando cubrirse del espanto en materia de desempleo", para concluir que hay "demanda legítima de mayor protección al empleo".
Ayer, el director del Observatorio de la Deuda Social de esa universidad, Agustín Salvia, adelantó que en los próximos días se difundirá el documento que señala que el mayor riesgo de subocupación y empobrecimiento no lo están experimentando los segmentos formales de la economía sino los sectores informales.
"Nadie puede desconocer que los incrementos en los precios y las tarifas y la menor actividad interna están generando un aumento de la pobreza. Estos nuevos pobres son, en general, familias de trabajadores de sectores populares no marginales o clase media baja que no cuentan con sistemas de protección social", afirmó Salvia.
Asimismo, el documento de la UCA señala que "muy rápidamente pueden sumarse miles de nuevos pobres si el derrame o las medidas de protección social tardan más de lo previsto, resultan débiles o no llegan".
Salvia reconoció que "en materia laboral no hay evidencias todavía de una crisis ocupacional, al menos en sector formal. Sin embargo, sí está habiendo una caída en el nivel de actividad y en la demanda de consumo, lo cual afecta a pequeñas empresas, con muy poco colchón para resistir la situación, así como a los segmentos informales del mercado de trabajo"
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